Papeleras Argentinas

Sábado 18 de febrero de 2006
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Paraguay demanda a una empresa argentina

Se queja por contaminación del Paraná

Como en un juego de espejos, también la Argentina es objeto de denuncias por el presunto delito de contaminación a causa de una fábrica de pasta celulosa localizada en su propio territorio.

Se trata de un establecimiento ubicado en la localidad de Puerto Piray, en Misiones, al que se acusa de verter sus desechos al río Paraná y afectar a la localidad de Carlos Antonio López, departamento de Itapúa, en el país vecino. La denuncia fue presentada ayer por el ministro del Ambiente de Paraguay, Alfredo Silvio Molinas Maldonado, ante la Fiscalía General del Estado, responsable de investigar este tipo de delitos.

"Usa tecnología más obsoleta que la que se pretende usar en Fray Bentos, con cloro elemental, prohibido en todas partes del mundo",
dijo a LA NACION Ezequiel Santagada, del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), una organización no gubernamental paraguaya que asesora al gobierno de Nicanor Duarte Frutos en el tema. Santagada relató que anteayer el ministro Molinas Maldonado recorrió la zona paraguaya presuntamente afectada, donde comprobó que había olores nauseabundos y el agua traía abundante espuma, signos aparentes de contaminación. El funcionario tomó muestras que se enviaron a analizar y enseguida hizo efectiva la presentación de la denuncia.
El documento, al que tuvo acceso LA NACION, dice que la papelera misionera "operaría utilizando una tecnología obsoleta (cloro elemental) en el proceso de blanqueo de la pasta celulósica y vertiendo sus desechos sin previo tratamiento al arroyo Los Angelitos, casi en su desembocadura en el río Paraná, frontera natural entre la Argentina y Paraguay". Tecnología nociva La denuncia recuerda que esta tecnología es la "más nociva de las conocidas", ya que el cloro que usa es el principal productor de dioxinas y furanos, compuestos que el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos (ratificado por Paraguay) propone eliminar en forma total, por ser altamente cancerígenos.
A raíz de esto, la presentación concluye que "existen indicios serios que fundamentan las sospechas de eventual contaminación grave del territorio de la República del Paraguay, con consecuencias graves para la salud y la vida de las personas". El documento también da cuenta de que el juzgado federal de Eldorado, en Misiones, investiga el mismo delito, a raíz de una denuncia presentada en la Argentina, pero esa causa se encuentra todavía en etapa de instrucción. Según la ley paraguaya, el presunto delito que se denuncia está tipificado en el artículo 203 del Código Penal, que establece que "el que causara: [?] la fuga de gases tóxicos; [?] o el lanzamiento de venenos u otras sustancias tóxicas, sin que en el momento de la acción se pudiera excluir la posibilidad de un daño a la vida o a la integridad física de otros, será castigado con pena privativa de la libertad de hasta cinco años".